Fiscal apeló sentencia, espera se reformule por delito de explotación sexual de menores, con pena de 25 años de cárcel.
(Alto Amazonas). – La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Criminalidad Organizada de San Martín, obtuvo ocho años de prisión efectiva para el propietario y cajero de un bar, quienes durante un año, bajo engaños y amenazas, obligaron a una menor de edad (12), a brindar servicios sexuales a cambio de dinero, entre los meses de marzo del 2018 a marzo del 2019, en la calle Las Américas, Yurimaguas.
Los sentenciados Johnny Gómez Hidalgo y Deywis Napuchi Cárdenas, fueron hallados culpables por el delito de favorecimiento a la prostitución, en agravio de menor la de iniciales E.J.Y.C. (12), hecho por el cual permanecerían bajo prisión preventiva en el penal de Yurimaguas, desde el año 2019.
Tras una exhaustiva investigación, el fiscal adjunto provincial, Ernie Augusto Llanos Neyra, logró presentar en debate de juicio oral, medios de prueba como declaraciones testimoniales, el informe médico legal y psicológico, practicados a la víctima, el cuaderno de fichaje de ventas del bar, entre otros.
También se consideró, el análisis pericial practicado a los preservativos y restos de papel sanitario, hallados en una habitación donde se encontró a la menor, los cuales evidenciaron que en el lugar se brindaban servicios sexuales, con agravio de la menor y otras mujeres.
De acuerdo a los hechos, Johnny Gómez Hidalgo, bajo conocimiento de la minoría de edad y vulnerabilidad de la adolescente, engaños, amenazas y violencia, la obligó a mantener relaciones sexuales con personas adultas por la suma de S/ 60.00 soles, más el pago adicional de S/ 20.00 soles a los parroquianos, por alquilar un cuarto en el bar de su propiedad.
En tanto, Deywis Napuchi Cárdenas, cajero del bar, era quien resguardaba la entrada de la menor a los cuartos posteriores del bar, para sostener relaciones sexuales con los clientes.
A propósito de la sentencia, la fiscalía apeló la decisión judicial en el extremo que absuelve a los acusados por el delito de trata de personas agravada en la modalidad de explotación sexual, postulado inicialmente por el Ministerio Público, pues considera que, previo al delito de favorecimiento de prostitución, existió acciones de captación y abuso de la situación vulnerable de la menor, por lo que espera se reformule la resolución y se imponga a los acusados 25 años de prisión.
