Equipo de fiscales anticorrupción incautó documentación referida a procesos de contratación para elaborar expedientes técnicos de obras.
(Huallaga, 2 de marzo de 2021).- Esta mañana, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí, con apoyo de la Policía Nacional, realizó una diligencia de constatación inopinada en las oficinas de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, provincia de Huallaga, con el fin de verificar la existencia de documentación referida a la contratación de servicios para elaborar 52 expedientes técnicos de obra, los cuales presentarían irregularidades de relevancia penal y administrativa.
Hasta el distrito de Piscoyacu, llegó el equipo de fiscales anticorrupción, liderado por el fiscal provincial anticorrupción, Alfredo Palacios Montesinos, quien luego de inspeccionar las oficinas municipales de Logística, Tesorería, Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura de Obras y Alcaldía, dispuso la incautación de diversos documentos que demostrarían la posible comisión de delitos contra la administración pública.
La fiscalía informó que en la diligencia solo se encontró documentación de siete procesos de contratación para la elaboración de expedientes técnicos, cuyo sustento carecía de conformidad de servicios, requerimientos del área usuaria, comprobantes de pago, entre otros documentos.
Respecto a los otros procesos no se encontró sustento documentario; no obstante, se corroboró que los 52 servicios para la elaboración de expedientes, fueron contratados en marzo del 2020 y cancelados recientemente y sin cumplir con los requisitos de ley, el pasado mes de enero, a Hanz Bartra Del Águila y a la Constructora H&B, de propiedad de Bartra del Águila, por un monto superior a S/ 1, 700, 000.00 soles.
Cabe precisar que, en las próximas semanas, la fiscalía tiene programado recabar las declaraciones del alcalde distrital, funcionarios y otros involucrados en la presente investigación.
El dato: En el lugar, las autoridades del Ministerio Público encontraron que el local municipal permanecía cerrado con candado, por lo que fueron recibidas por servidores de la Secretaría General y Recursos Humanos, debido a la ausencia del alcalde y demás funcionarios de la entidad. Por otra parte, también se contó con la presencia de otras autoridades locales y representantes de la población civil organizada.
